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Ir a Interés generalIr a Interés general / Agosto 2018

Archivo: Agosto 2018

NOTICIAS ARGENTINAS POCO DIFUNDIDAS
La deuda del Grupo Macri

El Grupo Macri volvió a la carga con el propósito de pagar una cifra irrisoria por la deuda que tiene con el Estado argentino por el Correo Argentino. La firma propiedad de la familia presidencial realizó la semana que pasó una oferta muy similar a la de 2016, rechazada por la fiscal Gabriela Boquin que la calificó de «abusiva» ya que significaba condonar «4277 millones de pesos».El clan Macri pretende pagar 293 millones de pesos que debe de manera nominal. Es decir, pasa por alto que al contraer la deuda la relación peso-dólar era de 1-1. Esa relación es en la actualidad de 28 a 1. Además, en el medio, hubo 17 años de inflación en ascenso. También, los Macri pretenden pagar la deuda en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés del 7% anual. El gobierno tiene 45 días para responder a la propuesta.

Papel Prensa aumentó sus precios un 50% en 2018

El modelo económico que favorece la concentración empresaria amenaza gravemente la pluralidad informativa. Esta semana se conoció un nuevo aumento de un 12% en el Papel Prensa, con lo que el principal insumo de los diarios argentinos acumula un 50% de incremento en lo que va del año. La proporción equivale precisamente al aumento sufrido por el dólar en el mismo período y forma parte de una estrategia de la empresa controlada por el Grupo Clarín para maximizar sus ganancias, considerando que tiene la producción monopólica del papel de diario en el país.
La asociación de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DyPRA) viene denunciando el abuso de posición dominante que hace Papel Prensa y el último 6 de junio emitió un comunicado en el que responsabilizaba al Estado Nacional por favorecer este esquema que pone en riesgo a los medios de todo el país. Los trabajadores de Tiempo, que como integrantes de la cooperativa sufren las políticas que afectan a los sectores populares y en especial a las empresas autogestionadas, haremos un esfuerzo por absorber este nuevo incremento para no afectar los bolsillos de nuestros lectores, pero alertamos sobre esta estrategia que afecta la capacidad de informar y, por tanto, a nuestra democracia.

El decreto presidencial que entrega la soberanía
Con el pretexto de actualizar las reglamentaciones del Código Civil y Comercial, y en el marco del generoso tratamiento dado a los viejos socios de la Mesa de Enlace, los dueños de la tierra, a fines de junio de 2016, sólo seis meses después de instalado, el gobierno de Mauricio Macri modificó sustancialmente la Ley de Tierras de 2011. Abrió el paso así a la entrega de soberanía sobre acuíferos, bosques y los mejores suelos históricamente dedicados a la producción de alimentos. En aquel momento, el economista Claudio Della Croce, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, citó una declaración del Movimiento Nacional Campesino-Indígena, en la que se denunciaba que la decisión del gobierno impactaba «en forma negativa sobre los sectores más vulnerables del campo profundo, el campesinado y los pueblos originarios radicados en áreas donde aún hay reservas de bosque nativo y acuíferos».
El decreto firmado por Macri flexibilizó los márgenes normativos a favor de inversiones externas –privadas o estatales–, y a partir de los cambios dio luz verde para que cualquiera, nativo o extranjero, pueda instalarse en zonas estratégicas en materia de recursos naturales y seguridad. 
La Ley de Tierras había creado un Registro Nacional ante el cual los extranjeros que pretendieran adquirir bienes rurales debían pedir una habilitación expresa. Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2016 se iniciaron 186 trámites. De ellos, el 93,6% fue aprobado. Sólo 12 no llenaron los requisitos necesarios. Esto muestra que las inversiones legítimas, no especulativas, se concretaron sin dificultades.
La situación al momento de votarse la ley era más que preocupante: el 79,74% de la superficie rural extranjerizada estaba en manos del 1,35% de los propietarios (253 titulares).
El mismo relevamiento mostró que 1.113.655 hectáreas –casi 55 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires– estaban inscriptas en paraísos fiscales: Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes, Islas Caimán y Luxemburgo.


 
Fuente: Tiempo Argentino

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